Cubre a todos la migración boricua

Por Carlos Antonio Otero, EL VOCERO – hace 19 horas 4:16 am

Desde los empleados diestros y las personas de menos escolaridad hasta la fuga de cerebros

Contrario al planteamiento repetido de que la actual migración de puertorriqueños está compuesta principalmente por profesionales, la realidad según un experto en el tema es que en la fuga poblacional de la Isla ¨se está yendo todo el mundo¨.

A esa conclusión llegó uno de los investigadores del Center for Puerto Rican Studies del Hunter College en Nueva York, Edwin Meléndez (PhD), quien junto a Carlos Vargas Ramos, recién publicaron Puerto Ricans and the Dawn on the New Milleniun.

En entrevista con EL VOCERO, el profesor de Asuntos Urbanos y Planificación del Hunter College, dijo que ¨en Puerto Rico hay una percepción de que se están yendo los más educados y preparados y eso no es cierto, es igual o mayor la proporción entre los que no lo están, aquí la realidad es que se está yendo todo el mundo¨.

De acuerdo con datos del Censo, y citados en la publicación, la mayor parte de los migrantes boricuas a Estados Unidos entre 2006 y 2011 estaban entre los 18 y 44 años, y solo un 11% posee bachillerato y un 5% estudios post graduados. La mayoría tiene diploma de escuela superior o menos de esto.

Explicó que contrario a otros periodos migratorios de Puerto Rico, como la gran migración de finales de los años 40 y principios de los años 60, esta vez ¨es una dinámica distinta por la configuración del emigrante¨, aunque la base económica permanece como principal detonante. Sólo que ahora también se le añade, además de la búsqueda de empleo, la necesidad de mantener la familia, el factor seguridad y calidad de vida, ante los altos niveles de criminalidad.

El 60 por ciento (%) de los puertorriqueños ya viven en Estados Unidos y el 40% está en la Isla, a razón de 5 millones y 3.5 millones respectivamente. Esa cifra permanece en constante cambio, ya que para el 2003, el estimado de puertorriqueños en la Isla era de 3.8 millones, mencionó Meléndez y dijo que ¨en una década ha habido un flujo neto –migratorio- muy significativo y preocupante para la economía¨. El 60% de los puertorriqueños ya viven en Estados Unidos y el 40% está en la Isla, a razón de 5 millones y 3.5 millones respectivamente. Esa cifra permanece en constante cambio, ya que para el 2003, el estimado de puertorriqueños en la Isla era de 3.8 millones, mencionó Meléndez y dijo que ¨en una década ha habido un flujo neto –migratorio- muy significativo y preocupante para la economía¨.

Otro planteamiento del especialista en estudios de migración puertorriqueña y que da al traste con señalamientos locales, es sobre la expectativa de retorno de los que se van.

¨El migrante actual, y esto comenzó en 2003 y creció en 2006 (al inicio de la recesión de los últimos ocho años) es diferente porque se va con toda la familia. Al salir en búsqueda de trabajo con la familia, el regreso es más difícil¨, agregó Meléndez, e informó que en términos del género, es proporcional entre hombres y mujeres. ¨Ahora no hay una migración de retorno, y los que regresan son de primera generación que son personas mayores, pero el flujo de regreso de segunda y tercera generación es menor y será menor porque al ir con niños y adolescentes hacen una vida completa acá (Estados Unidos)¨, opinó el estudioso.

A principios de este año, la Junta de Planificación de Puerto Rico (JP), había dicho que hacia 2021 habrá una alta migración de retorno a la Isla. ¨Al irse la familia forman otra adaptación y se quedan más y se mueven entre estados. Además, en el grupo de los más educados se mueven más que los menos educados¨, reiteró Meléndez.

Resaltó que la transformación económica que provocará la actual migración, sumada a la recesión, podría ser mayor que en otros momentos en la historia local, por el factor de menos nacimientos y el envejecimiento de la población.

¨La baja en la población afecta todo, los negocios, las viviendas y la economía en general. Otra vez, parte del problema económico es que tienes una población en decrecimiento y una economía regresiva y eso no tiene una salida fácil¨, recalcó Meléndez.

A pesar de los bajos pronósticos de retorno ante el cuadro económico de Puerto Rico, Meléndez mencionó que la tecnología ahora permite otro tipo de conexión con lo que ocurre en la Isla y con los familiares que no se han ido, a través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

¨Mi experiencia anecdótica es que muchos de los puertorriqueños que llegan todavía tienen el 787 en sus teléfonos y mantienen ese vínculo por acá y están pendientes en las redes sociales. Otros van y vienen, como los artistas y diseñadores, y la gente que expande negocios, consultores profesionales. Aquí se ha ´transnacionalizado´ el campo de los profesionales con una base dual en Estados Unidos y Puerto Rico¨, señaló.

Entre los cambios de la actual migración, Nueva York ya no es el destino de preferencia, sino Orlando, y hay mayor movilidad entre estados. ¨En la Florida, para algunos es un mejor negocio que la Isla por los servicios, la seguridad y la comunidad que encuentran¨, comentó.

¨El puertorriqueño tiene la facilidad de moverse por ser ciudadanos y al compararlos con otros grupos, los que acaban de llegar siempre tienen oportunidades de empleo más alta que los demás grupos migratorios, y más que en los periodos iniciales de la migración hacia Estados Unidos¨, resaltó Meléndez.

Periodos migratorios de los puertorriqueños

*1940/1960 – Segunda Guerra Mundial (hacia EU)

*1960/principios 1970 – Migración de retorno a PR (Nuevos empleos industrialización y empresas 936)

*Finales 1970/1980 – Economía estancada en EU y PR (hacia EU)

*1990 – Expansión económica EU (hacia EU)

PACTO DE ASOCIACION IMPULSADO POR EL PPD

A CONTINUACION LES PRESENTO LA LEY QUE PRETENDE IMPULSAR EL PPD DONDE PIDEN NADA MAS Y NADA MENOS QUE 60 AÑOS DE AYUDAS FEDERALES Y LA CUESTION DE LA CUIDADANIA AMERICANA ESTA DUDOSA POR QUE COMO USA VA A DARLE LA CUIDADANIA AMERICANA A UNA REPUBLICA BUENO EL DOCUMENTO ES DE 60 PAGS PERO DEJE DE LEER EN LA 38 ES UNA LEY MUY MAL HECHA Y PARECE QUE QUIEREN SER UN ESTADO DISFRAZAO DE REPUBLICA

 

La Verdad Acerca del Boicot de la Comay

https://i2.wp.com/profile-a.xx.fbcdn.net/hprofile-ash3/c25.0.223.223/s160x160/6827_140637519430_2503445_n.jpg

A raiz de las expresiones vertidas por el pograma superxclusivo:

y a raiz de estas expresiones se formo un grupo en facebook Boicot a la Comay http://www.facebook.com/boicotlacomay?ref=ts&fref=ts este grupo asendio de manera solprendente en los likes que obtuvo en las primeras horas de ser fundado este grupo logro la atencion de todos los medios de comunicacion de Puerto Rico y logro que varios anunciantes retiraran su auspicio al primer programa de la television puerrtoriqueña a raiz de lo ”feo” que se puso la situacion la comay expreso unas disculpas publicas a la teleaudiencia veamos

Luego de esto el mencionado grupo no acepto las disculpas expresadas por el titiretero Kobbo Santarosa salio informacion publicada en donde se menciono que el programa no volveria a ser en vivo para poder ”filtrar” la informacion sensitiva de este programa.

Mas sin embargo el activista de derechos gay pedro julio serrano se puso alfrente del boicot de la comay y comenzaron a pasar programas pre-grabados y viejos de superxclusivo hasta que finalmente se supo que kobbo santarosa renuncio al programa superxclusivo por no aceptar los terminos y condiciones del programa.

vale la pena destacar que al dia siguiente salio esta plana en los periodicos

 

 

 

Aside

ALLIANCE FOR FULL STATEHOOD FOR PUERTO RICO

 

 

PO Box 669

 

Gurabo, PR 00778

 

787-637-9452

 

alianzaestadidad@aol.com

 

Friday, January 4, 2013

 

THE CONGRESS OF

 

THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Washington, D.C.

 

Via Internet

 

Honorable Members Of Congress:

 

As you are probably aware, the US Citizens of Puerto Rico held a plebiscite in the recent

 

elections of November 6, 2012, in which they made two important decisions: First, they

 

expressed their wish not to continue under the actual territorial relationship. Second, they

 

expressed their wish to resolve their political status problem by means of full statehood.

 

I am writing to you asking for assistance in implementing the results of that two-phased

 

plebiscite and in which the US Citizens of Puerto Rico have expressed their desire to put a halt to

 

our territorial condition and become the 51st State of the United States of America.

 

In previous plebiscites, the People of Puerto Rico, natural born US Citizens, were led to

 

believe that it was possible to live in “the best of two worlds” under the American Flag.

 

 

The United States Citizens of Puerto Rico have finally realized that there is no such thing

 

as a “special form of statehood” for Puerto Rico, wrongly called “enhanced commonwealth.”

 

Many of them have further learned that our real political status is not “Estado Libre Asociado,”

 

separate from the United States, but with US Citizenship. Thus, they have voted for full

 

statehood in this plebiscite.

 

Contrary to previous plebiscites, in this instance the People were exposed to a true free

 

determination process with clear questions that would produce non-confusing results. Such a

 

process should have been held a long time ago in order to allow the US Citizens in Puerto Rico

 

full democratic participation in their national government and the end of what has been called a

 

colonial status which has been the shame of the United States.

 

Further, such a valuable process would have allowed the US Citizens in Puerto Rico to

 

spare a lagging economy which drags 50% of its population into the nightmare of poverty. The

 

promise of a “special form of statehood” which could not be, disallowed the full integration of

 

the economy of Puerto Rico into the economy of the United States. Such stalemate has been

 

detrimental to the quality of life of the US Citizens in Puerto Rico for too long.

 

I can recognize that the US Citizens of Puerto Rico have been responsible for their

 

precarious situation by voting the way they have in the previous plebiscites. So an important

 

question is why they voted that way. And the answer is: They were misled to believe in a fantasy

 

called “Estado Libre Asociado” as our political status, which is detached from the United States,

 

and can be improved to produce “the best of two worlds.”

 

Congress is not at fault; Congress could only follow the wish of the People by allowing

 

the territorial status to continue its course. And in that same spirit, Congress should now

 

respond, without delay, to the results of this plebiscite which has produced uncontested results:

 

The People of Puerto Rico, Natural Born US Citizens, have voted to give birth to the 51st State

 

of the United States Of America in a true free determination process.

 

1

 

The People of Puerto Rico went a step further in this plebiscite: They expressed their

 

dissatisfaction with the actual territorial status and asked not to continue in that status. It was a

 

historical decision which Congress must attend promptly.

 

An excellent process of free determination has been implemented in Puerto Rico and

 

the results are there for Congress to act upon.

 

The word from Congress has been that the solution of the political status of Puerto Rico is

 

problematic because there is no consensus on the Island on the issue. And Congress has been

 

correct, given the confusing information it has received from Puerto Rico. After all, when you

 

include as options political status formulas that offer pies in the sky, and the people believe in

 

those offers, the only result can be confusion. (See Appendix A).

 

But the structure of this plebiscite has cleared the way to solve the problem by Congress.

 

The Task Force provided the decisive tool through the two phased plebiscite that answered

 

fundamental questions of free determination: If and How to solve the issue. And Congress now

 

has a perfect “compact” upon which it can act to admit Puerto Rico as the 51st State.

 

The huge participation of over 95% of signed-up voters for the elections in the first

 

question of the plebiscite clearly shows the desire of the People of Puerto Rico to solve the

 

political status issue with permanent status options. 54% of participants in the first question

 

expressed their wish not to continue under the territorial condition.

 

The second question was answered by 56.13% of registered voters and 72.36% of signedup

 

voters. 61.11% of participants in this question expressed their desire for full statehood for

 

Puerto Rico. As a comparison, in the plebiscite held during the elections of 1952, in which

 

Congressional amendments to the local constitution were finally ratified, 54.19% of registered

 

voters took part and 71.97% of the signed-up voters participated. The final Constitution was

 

completed with that vote.

 

The process suggested by the Task Force provided the necessary tools to lead to a solid

 

solution of Puerto Rico’s political status problem by providing a basis for a real discussion of the

 

issues. It was a perfect decisive process with clear results.

 

Which is why I am asking from the Members of Congress to ponder over an opinion from

 

the Congressional Research Service in their report “Analysis of HR 856” on the status process of

 

Rep. Don Young in 1996:

 

The only way to secure Constitutionally-protected citizenship is to complete the

 

process of Constitutional integration so that people born in Puerto Rico also will be born

 

in a State of the Union for purposes of the 14th Amendment.

 

Why does the CRS refer to a process “ to complete the Constitutional integration?’’

 

Puerto Rico started the “process of Constitutional integration” a long time ago.

 

Principally and specifically since 1947 when the US Constitution was extended to the

 

People of Puerto Rico by means of US Public Law 362 of 1947. As a result of that action, Puerto

 

Rico became an incorporated territory of the United States.

 

With this plebiscite, the People have expressed the firm intention to complete the process

 

of full integration, as suggested by the CRS, with the help from Congress. The path has been

 

cleared in this plebiscite and Congress has a clear mandate to act accordingly.

 

The admission process of Puerto Rico as the 51st State has been started. Now it is in

 

the hands of Congress. And Congress has the obligation to “complete the process.”

 

A typical admission process goes as follows as found in the history of the United States:

 

2

 

THE CONGRESS OF

 

THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Washington, D.C.

 

“Historically, Congress has applied the following general procedure when

 

granting territories statehood:

 

* The territory holds a referendum vote to determine the people’s desire for or against

 

statehood.

 

* Should a majority vote to seek statehood, the territory petitions the U.S. Congress

 

for statehood.

 

* The territory, if it has not already done so, is required to adopt a form of

 

government and constitution that are in compliance with the U.S. Constitution.

 

* The U.S. Congress – both House and Senate – pass, by a simple majority vote, a

 

joint resolution accepting the territory as a state.

 

* The President of the United States signs the joint resolution and the territory is

 

acknowledged as a U.S. State.” Quote from the Internet.

 

We have already implemented the initial steps:

 

* The territory held a referendum in which 61% of the voters expressed their desire

 

for statehood.

 

* The Legislature of Puerto Rico has submitted a Concurrent Resolution to Congress

 

requesting admission of Puerto Rico as the next State of the Union.

 

* Both our form of government and constitution are in full compliance with the US

 

Constitution. After all, our actual Constitution is a Law of Congress.

 

However, we respectfully ask Congress to examine our present Constitution to determine

 

if any cosmetic changes are required to be made in recognition of the sovereignty of the State and

 

the full intergation of Puerto Rico into the constitutional system; also, Congress should make the

 

necessary amendments for that purpose, produce the necessary Enabling Act and submit both

 

documents for final approval by the US Citizens of Puerto Rico.

 

Should there be a need to negotiate with the People of Puerto Rico anything related to its

 

final admission as the next State of the Union, a Special Status Commission should be created for

 

that purpose and elected by the direct vote of the People. Our elected officials do not have such

 

authorization from the People; neither were they elected for that purpose.

 

In this plebiscite we even went beyond the above process by explicitly voting against

 

maintaining the territorial condition as our political status. The “consent of the governed”

 

principle applied to the territorial status has been formally rejected by a majority of the US

 

Citizens in Puerto Rico. Such a rejection, of such an important principle in our constitutional

 

system, imposes upon Congress the responsibility to act immediately according to the will of the

 

US Citizens in Puerto Rico.

 

Thus, I urgently request from you, Members of Congress, through your Resources

 

Committees, to take the necessary steps to admit Puerto Rico as the next State of the Union. The

 

process was started a long time ago by Congress and what remains to be done is very simple:

 

Amend the local Constitution and prepare an Enabling Act for whatever is needed, have both

 

documents approved by the People of Puerto Rico and admit the new State.

 

Please welcome Puerto Rico as the New State of the United States of America. We

 

should have done this a long time ago.

 

Sincerely yours,

 

Mario E. Porrata

 

Alliance For Full Statehood For Puerto Rico

 

THE CONGRESS OF

 

THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Washington, D.C.

 

3

 

APPENDIX A

 

ABOUT THIS PLEBISCITE

 

The structure of this plebiscite was suggested in the President’s Task Force Report of

 

2005 with the objective to produce a clear and unbiased result on the solution of the political

 

status problem of the People of Puerto Rico.

 

The structure of this plebiscite was first suggested in the President’s Task Force Report on

 

the Political Status of Puerto Rico of 2005. :

 

The Task Force recognizes that the authority under the U.S. Constitution to establish a

 

permanent non-territorial status for the Commonwealth of Puerto Rico rests with

 

Congress. Although the current territorial status may continue so long as Congress

 

desires, there are only two non-territorial options recognized by the U.S. Constitution

 

that establish a permanent status between the people of Puerto Rico and the Government

 

of the United States. • One is statehood. Under this option, Puerto Rico would become the

 

51st State with standing equal to the other 50 States. • The other is independence. Under

 

this option, Puerto Rico would become a separate, independent sovereign nation. The

 

democratic will of the Puerto Rican people is paramount for the future status of the

 

territory. Ideally, the process should begin with an expression from the people of Puerto

 

Rico on whether to maintain current territorial status or establish a permanent nonterritorial

 

status with regard to the United States. The popular will of the people should

 

be ascertained in a way that provides clear guidance for future action by Congress.

 

Therefore, the following are the recommendations of the Task Force: 1. The Task

 

Force recommends that Congress within a year provide for a Federally sanctioned

 

plebiscite in which the people of Puerto Rico will be asked to state whether they wish to

 

remain a U.S. Territory subject to the will of Congress or to pursue a Constitutionally

 

viable path toward a permanent non-territorial status with the United States. Congress

 

should provide for this plebiscite to occur on a date certain. 2. The Task Force

 

recommends that if the people of Puerto Rico elect to pursue a permanent non

 

territorial status, Congress should provide for an additional plebiscite allowing the

 

people of Puerto Rico to choose between one of the two permanent non-territorial

 

options.

 

Once the people have selected one of the two options, Congress is encouraged to

begin a process of transition toward that option. 3. If the people elect to remain as a

 

territory, the Task Force recommends, consistent with the 1992 memorandum of President

 

Bush, that a plebiscite occur periodically, as long as that status continues, to keep

 

Congress informed of the people’s wishes. ( My emphasis).

 

The Task Force realized that the results of previous plebiscites were confusing because

 

the option chosen by the People would be operational under the territorial condition, in which

 

case the status problem would not be solved. So, the Task Force devised a two phased plebiscite

 

which set out to determine, first and foremost, if the people really wanted to solve the problem;

 

if so, there had to be an explicit disapproval of the territorial condition, which was never

 

discussed in previous plebiscites and was the cause of the problem. Thus the question whether

 

the People wished to maintain its territorial political status was essential to the process.

 

The plebiscite just held was also structured as a two phased process, with a small

 

variation from that recommended by the Task Force, in which two questions were asked: In the

 

first question, the People were asked if they wished to maintain their actual territorial status. The

 

People were asked to chose between two answers: YES or NO. This question had the intention

 

of determining whether the People of Puerto Rico wished to solve their political status stalemate.

 

4

 

THE CONGRESS OF

 

THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Washington, D.C.

 

The results of previous plebiscites did not answer this question, though they implied that the

 

answer was in the negative. The Task Force wanted an explicit response.

 

In the second question of this plebiscite, if the People wished to solve their political status

 

situation with permanent formulas, they could express their preference for either full statehood,

 

full independence, or independence in association with the United States.

 

The validity of the results of the second question depended on the results of the first

 

question. If the People opted to remain under the territorial condition, the second question

 

became merely a survey, with no legal mandate. However, if the People opted for an end to the

 

territorial condition, then the results of the second question became a mandate to pursue and

 

implement its results.

 

The Task Force of 2005 was well aware that the People of Puerto Rico were

 

manipulated to vote in such a way that the plebiscites previously held would be useless.

 

The results of the previous plebiscites did not produce a solution to the political status

 

problem of Puerto Rico, because they were structured to be useless, by offering unconstitutional

 

options, over which Congress could only act in an unconstitutional manner. The Task Force

 

Report of 2005 stated the following:

 

Some have proposed a “New Commonwealth” status. Under this proposal, the island

 

would become anautonomous, nonterritorial, non-State entity in permanent union with

 

the United States under a covenant that could not be altered without the“mutual consent”

 

of Puerto Rico and the federal Government. The U.S. Constitution, however, does not

 

allow for such an arrangement. For entities under the sovereignty of the United States,the

 

only constitutional options are to be a State or territory. As the U.S. Supreme Court stated

 

in 1879, “All territory within the jurisdiction of the United States not included in any

 

State must necessarily be governed by or under the authority of Congress” (First Nat.

 

Bank v. Yankton County, 101 U.S. 129, 133 (1879)).

 

The structure of this plebiscite has been attacked by the enemies of a status solution as

 

being pre-ordained to produce a result against, not the actual territorial status, but against the

 

“Estado Libre Asociado mejorado” which they called “enhanced commonwealth.” Those that so

 

argue, however, have proven to be anti-statehood citizens who have held the status issue on hold

 

until their desire for independence materializes.

 

There is a trick to this argument that has worked in the past and needs to be denounced.

 

The trick has consisted of offering an unconstitutional territorial condition under the disguise of

 

an “enhanced commonwealth” that cannot be, (which did not solve the status problem), against

 

full statehood and independence, (which did solve the status problem). The offer takes the form

 

of a “special form of statehood” under the territorial status that appeals to the voters and

 

provokes a favorable vote in plebiscites. The result is a vote for an unconstitutional political

 

status that only leads to confusion, voids the plebiscite and creates a stalemate. In the end, the

 

plebiscite is rendered useless and the territorial status remains. ( In the plebiscite of 1993, the

 

territorial status, under the disguise of “enhanced commonwealth,” or better – “Estado Libre

 

Asociado,” won with a plural majority of 49% of the vote, against statehood and independence,

 

where 51% of the voters opted for non-territorial options).

 

Another issue involved partisan politics. Previous plebiscites were conducted along

 

political party lines, ignoring the real issues surrounding the political status. The People voted

 

according to the orders given by the political parties and their leaders, without any concern for

 

the consequences. Such attitude explains why many people voted for an unconstitutional option

 

called “enhanced commonwealth.”

 

5

 

THE CONGRESS OF

 

THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Washington, D.C.

 

The Task Force of 2005 understood these situations and decided on a more decisive and

 

conclusive process as explained before. So, t

he truth is that this plebiscite was the product of the

 

Task Force of 2005 and not of a local design. The Task Force did not have a pre-ordained result

 

in mind. They really wanted to know the truth: Do they want to solve the status issue by

 

abandoning the territorial condition? If so, how?

 

The structure suggested by the Task Force of 2005 was adopted by the Puerto Rico

 

legislature in this recent plebiscite of 2012 with little variation. Everyone had the chance to vote

 

in both questions; therefore, those that primarily wished to maintain the present territorial status,

 

could still vote for a permanent solution in the second question, just in case their territorial

 

preference lost in the first question. It was an all inclusive and decisive process.

 

The first question in this plebiscite allowed the People to discuss their real status under

 

the territorial condition. And a significant sector of the People finally understood their

 

reality.

 

By inserting a reference to our real political status as a territory of the United States in the

 

first question, the People began asking “what’s that”? The People also asked “where is our

 

Estado Libre Asociado”? For the first time in the history of Puerto Rican plebiscites, the People

 

started to discuss our real political status as a territory of the United States.

 

As the People of Puerto Rico have come to realize that such a “special form of statehood”

 

does not exist, and that Puerto Rico has never ceased to be a territory of the United States, in the

 

first question of the just conducted plebiscite 54% of the voters explicitly decided that, as

 

American citizens, they did not want to maintain the territorial condition as their political status.

 

This decision is an explicit mandate from the People to reverse the principle of the

 

“compact,” that is, a territorial status “with the consent of the People”, under the territorial clause

 

of the US Constitution. As citizens who cherish their US citizenship and are loyal to the Union,

 

they want to be treated in the same fashion as any US citizen in the several States.

 

In the second question, the People of Puerto Rico were asked to express their preference

 

for a permanent solution to the political status among permanent options: Statehood or

 

Independence. Statehood was presented as such. But independence was presented in two

 

variations: Full independence, or independence under an option of free association. This second

 

variation of independence was wrongly called “Estado Libre Asociado Soberano,” which

 

confused many people: They thought this option meant a vote for their “enhanced

 

commonwealth.” Had they been properly instructed that such a vote required independence first,

 

the 33% vote this option got would have been drastically reduced because Puerto Ricans do not

 

advocate independence.

 

Sixty one percent (61%) of the voters opted for full statehood as it applies to all the

 

Citizens of the several States.

 

In this plebiscite there were no gimmicks or promises of unconstitutional nature. An

 

important sector of the population did not allow itself to be dragged into oblivion by lies and

 

false claims like “the best of two worlds.”

 

In this plebiscite the People finally rejected the offer of a “super status” under the

 

American flag. In other words, most of the People in Puerto Rico have learned, the hard way,

 

that they cannot have a territory of the US with “irrevocable US Citizenship,” yet with sovereign

 

powers that properly belong in the Constitution of the United States and not in the Constitutions

 

of the several States (like the power to conduct international relations on its own, in violation of

 

the US Constitution).

 

That is how the People of Puerto Rico, natural born US Citizens, were induced to vote for

 

6

 

THE CONGRESS OF

 

THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Washington, D.C.

 

in previous plebiscites. Such unconstitutional options, under the territorial condition, were

 

presented to the People of Puerto Rico during the plebiscites of 1967 and 1993. The political

 

status formula was called “enhanced commonwealth” and was portrayed as better than full

 

statehood or full independence. It was also called “the best of two worlds” (meaning the best of

 

independence and statehood, combined).

 

In those plebiscites the People were further assured that such an unconstitutional formula

 

could be easily obtained by convincing Congress that all that was required was “congressional

 

political will to grant it.” The theory was that the US Constitution applies to the States, but that

 

Congress has ample powers to do what it wants with the “Estado Libre Asociado,” including

 

decisions outside the US Constitution. Once those powers were granted, they claimed, the

 

territorial condition would not change and all benefits from Congress would remain intact.

 

And in the plebiscite of 1998, followers of the Popular Democratic Party boycotted the

 

process because their “enhanced commonwealth” was not included. (Many people also opposed

 

the plebiscite because we had just been hit by hurricane Georges. That’s why voters of all colors

 

opted for the None of the Above option).

 

It can be readily seen that “the commonwealth,” as is known in Congress, did not actually

 

win those plebiscites. In fact, the “commonwealth” as is known to Congress has never, ever won

 

a plebiscite in Puerto Rico. Rather, the option that won was a “special form of statehood” that

 

cannot be had because it is unconstitutional.

 

“If the quality of the process cannot be diminished, let’s diminish the results.” That’s

 

what followers of “Estado Libre Asociado” are now claiming after losing the plebiscite. So, a

 

new statistical parameter is born: the blank vote!

 

Actually, and realistically, a blank vote does not exist; a blank ballot does exist. First of

 

all, ballots are provided for every possible voter; and for every voter that does not sign-up to

 

vote, a blank ballot will result. Further, voters may sign up to vote and submit their ballots blank.

 

Still further, voters may invalidate their ballots by making illegal marks, in protest or by mere

 

acts of foolishness. To the best of my knowledge, such ballots have never been counted in Puerto

 

Rico to determine the winners/losers of a particular electoral event, be it an election or a

 

plebiscite. The only votes that have ever been unconditionally counted have been those explicitly

 

marked, irrespective of their quantities.

 

In this plebiscite the first question was answered by 1,798,987 actual voters, which

 

comprise 74.87% of registered voters (2,402,941). They also account for 95.74% of signed-up

 

voters (1,878,969). 54% of the actual voters (970,910) expressed their wish not to continue

 

under the territorial condition. Therefore, any future plebiscite could only include the two

 

options left under the Constitution of the United States for a territory: Statehood and

 

Independence.

 

Such “future plebiscite” took place in the second question, which was answered by

 

1,363,854 actual voters, which comprise 56.76% of registered voters. They also account for

 

72.59% of signed-up voters. 61.16% of the actual voters (834,191) in the second question

 

expressed their wish to make Puerto Rico a State of the Union.

 

Statehood opponents have tried to dilute such an overwhelming vote in favor of statehood

 

by demanding that blank ballots be counted as part of the universe of the actual voters in the first

 

question. There were 435,133 less votes in the second question than in the first.This would

 

require that blank ballots be counted as votes, thus creating “ex post facto” a fourth option in the

 

second question because the will of those voters cannot be assigned to any of the three original

 

options. Such action would be clearly unconstitutional, unfair and a clear contradiction to the

 

principle of “one man, one vote.”

 

7

 

THE CONGRESS OF

 

THE UNITED STATES OF AMERICA

 

Washington, D.C.

 

Mario Esteban Porrata Colón

 

Statehood Advocate For

 

Puerto Rico

 

PROFILE

 

EDUCATION:

 

High School:

 

Colegio Ponceño de Varones – Marianists School.

 

Bachelor’s Degree: BBA

 

Catholic University of Puerto Rico

 

Master’s Degree: MBA

 

St. John’s University, Queens, NY

 

Computer Systems and Programming:

 

Digital Equipment Corporation

 

Boston, Massachussetts

 

EXPERIENCE

 

1968-1970 Professor at Catholic University of Puerto Rico

 

1970-2012 Small Business Owner

 

PUERTO RICO POLITICAL STATUS DISCUSSION

 

1970-present Numerous letters to the editor in local media

 

1970-present Several articles on the political status of Puerto Rico

 

2001-2004 Participant in weekly radio program in WAPA Radio

 

2005-2012 Host in two weekly radio programs in NotiUno Radio

 

2001-2003 Directed the collection of 62,500 statehood petitions and delivered them to

 

Congress with a group of colaborators.

 

2002 Published first book: “Estado Libre Asociado, 50 Años de Engaños:

 

Nos robaron la estadidad y se la atribuyeron al ELA.”

 

2005 Published second book: “Puerto Rico 101: La Decisión Final.”

 

2010 Published third book: “El Engaño Del ELA Se Acabó.”

Aside

PONENCIAS DEL PIP Asamblea Constitucional de Status

LO QUE ESTA EN MAYUSCULA MIS OPINIONES

 

 

 

Categoría de nivel principal o raíz: Noticias Categoría: Ponencias del PIP
A LA HONORABLE COMISIÓN DE LO JURíDICO DEL SENADO:

Buenas tardes, Señor Presidente, Sen. Eudaldo Báez Galib, y demás miembros de esta Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico.

Mi nombre es Carlos Iván Gorrín Peralta. Agradezco la invitación que me cursara el señor Presidente para comparecer en el día de hoy para compartir con ustedes mis ideas en relación con el estudio que ha iniciado esta Comisión en virtud de la Resolución del Senado 201 del pasado 1º de marzo de 2001, sobre la deseabilidad de convocar “una Asamblea Constituyente, o su equivalente, como estructura procesal para atender el asunto del status político de Puerto Rico.”

A LA HONORABLE COMISIÓN DE LO JURíDICO DEL SENADO:

Buenas tardes, Señor Presidente, Sen. Eudaldo Báez Galib, y demás miembros de esta Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico.

Mi nombre es Carlos Iván Gorrín Peralta. Agradezco la invitación que me cursara el señor Presidente para comparecer en el día de hoy para compartir con ustedes mis ideas en relación con el estudio que ha iniciado esta Comisión en virtud de la Resolución del Senado 201 del pasado 1º de marzo de 2001, sobre la deseabilidad de convocar “una Asamblea Constituyente, o su equivalente, como estructura procesal para atender el asunto del status político de Puerto Rico.”

Debo comenzar aclarando para el récord, la capacidad en la cual comparezco ante ustedes. Ciertamente llevo alrededor de quince años pensando en la idea de la asamblea constituyente como mecanismo procesal para que el pueblo de Puerto Rico pueda finalmente ejercer su derecho inalienable a la libre determinación. Desde hace dos décadas he sido miembro en diversos momentos de la comisión del Colegio de Abogados de Puerto Rico que estudia el desarrollo constitucional de Puerto Rico. Como profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana también he tenido ocasión de estudiar el tema. Si bien ese trasfondo me ha permitido articular alguas ideas sobre el tema, en este escenario legislativo tiene que predominar, por razones contractuales y éticas, mi función como asesor del Partido Independentista Puertorriqueño en asuntos constitucionales, y más específicamente, asesor del Sen. Fernando Martín García y de los demás portavoces del PIP en este Senado desde el año 1989. En consecuencia, no es posible que en el día de hoy les presente lo que podría ser mi personal paradigma ideal de una asamblea constituyente, en todos sus detalles. Les confieso que ese paradigma todavía no lo he concebido, y que realmente no existe. Si Puerto Rico opta por el mecanismo de asamblea constituyente como instrumento procesal para lograr su libre determinación, deberá ocurrir luego de un arduo proceso de discusión y negociación política en el que deberán participar todos los sectores interesados en el tema de nuestras relaciones con Estados Unidos. El PIP, por supuesto, será protagonista en ese proceso de discusión y negociación, que será donde, en definitiva se perfilarán los contornos definitivos de la asamblea constituyente.

Sí puedo ofrecer en esta etapa temprana de lo que será un proceso más largo, mi apreciación sobre la deseabilidad de convocar a una asamblea constituyente como mecanismo procesal de libre determinación, e identificar los elementos fundamentales, críticos, que hay que considerar en los próximos meses. Trataré de identificar las interrogantes indispensables, casi a manera de construcción de un agenda de trabajo para el proceso que debe ocurrir. Quizás no pueda responder a todas las interrogantes, pero puedo aportar algunas ideas sobre los principios esenciales que en mi opinión deben prevalecer en el proceso.

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DESEABILIDAD DE LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL DE STATUS

Primero conviene señalar que usualmente se asocia el concepto de asamblea o convención constituyente con el proceso que se utiliza para redactar una constitución. Es decir, usualmente se concibe como lo que hay que hacer una vez un pueblo, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, ya ha decidido sustantivamente crear un estado político particular, y convoca a sus delegados para que redacte un documento constitutivo que contenga la definición de las estructuras de su estado político y los derechos que el pueblo se reserva frente a dichas estructuras. Esa no es la tarea inicial que se ha estado considerando en los últimos años para la asamblea que pueda convocar el pueblo de Puerto Rico. Se ha venido proponiendo la idea, no como instrumento sustantivo para la definición del estado político futuro de Puerto Rico, sino como instrumento procesal para el ejercicio mismo de la libre determinación. Lo primero que debemos considerar, por tanto, es si el mecanismo se puede usar con fines procesales para facilitar que el pueblo de Puerto Rico defina su futuro estado político y sus relaciones con los Estados Unidos.

Esa interrogante exige que aclare ciertas premisas conceptuales e históricas. Parto de la premisa de que Puerto Rico está sometido a una condición de subordinación política como territorio no incorporado de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos en virtud del Tratado de París de 1898 y de las diversas leyes que han definido nuestra relación con Estados Unidos, es decir, la Ley Foraker de 1900, la Ley Jones de 1917 y la Ley de Relaciones Federales vigente desde 1952. Parto de la premisa que, según aseveraron en 1989 los presidentes de los tres partidos políticos principales en una carta al Presidente de los Estados Unidos, que el país no ha podido ejercer todavía su derecho inalienable a la libre determinación.

Por supuesto, algunas personas en Puerto Rico, incluídos miembros de la mayoría parlamentaria de este Senado, no comparten el criterio que acabo de enunciar, al menos públicamente. Los sectores independentistas y anexionistas del país concurren con mi apreciación. Incluso el Partido Popular Democrático ha expresado su insatisfacción con los términos de la relación actual y desea “mejorar”, “fortalecer” o “culminar” la relación con Estados Unidos. En consecuencia, todo el país clama por la necesidad de instaurar un proceso de libre determinación que nos permita resolver el centenario problema del status político.

Donde esta la posicion del Partido Nuevo Pogresista en cuanto a su preferencia de anexion de Puerto Rico como estado de la unión ?

-Ya empiezan a dejar a los estadistas fuera del proceso …

En la búsqueda de un proceso, hemos experimentado con diversas alternativas procesales. Lamentablemente, ninguna de las empleadas ha rendido el fruto que en una u otra ocasión se ha esperado, y continuamos debatiendo el mismo problema, que indudablemente aún no se ha resuelto definitivamente. En ocasiones el sector que ha controlado el gobierno de Puerto Rico ha intentado entrar en conversaciones o negociaciones con Washington para adelantar su particular ideología, sin contar con el concurso de otros sectores ideológicos. Esos esfuerzos han fracasado estrepitosamente. También hemos experimentado con el mecanismo plebiscitario. A veces se ha promovido, con el consenso de todos los partidos políticos, que el Congreso actúe sobre Puerto Rico, mediante la aprobación de legislación federal que autorice la celebración de un plebiscito. Ese fue el caso del proceso congresional entre 1989 y 1991, que fracasó porque el Congreso rehusó legislar. También se ha intentado promover un plebiscito federal, sin contar con el acuerdo de todos los sectores políticos del país. Ese fue el caso con el Proyecto Young. Ante la inacción congresional, hemos optado por el “plebiscito criollo”, autorizado por legislación nuestra. De ahí los plebiscitos de 1967, 1993 y 1998. Ni cuando una alternativa logró mayoría absoluta en 1967, ni cuando hubo pluralidad a favor de una fórmula en 1993, ni cuando la mayoría optó por rechazar “todas las anteriores” y hasta el proceso mismo, como ocurrió en 1998, se logró resultado el resultado de modificar la relación.

 


 

El plebicito llevado a cabo en el cual la opción de ninguna de las anteriores prevalecio no tuvo acción del congreso por la siguiente razón Según la ONU (organización de las naciones unidas) las únicas opciones de status político para un país son las siguientes:

-Estadidad (Integracion Total a un estado o país )

-Independencia ( Total libertad de cualquier país o territorio donde el país en cuestión tiene total soberanis sobre el mismo)

Libre asociación ( el país en cuestión tiene la opción de ser completamente independiente pero puede asociarse libremente con cualquier país o nación )

 

Las razones para estos fracasos son diversos. En unas ocasiones ha faltado el consenso o la representación de todos los sectores políticos. En otras, no ha ocurrido nada porque el proceso no ha sido vinculante para nadie, o porque no ha habido participación y compromiso congresional, ni forma de mover al Congreso a actuar. Otras veces ha fracasado el esfuerzo porque el proceso no ha tenido continuidad; no se le ha podido dar seguimiento a la decisión del pueblo. O quizás han fracasado los esfuerzos por falta de flexibilidad, en la medida en que al fijarse en una papeleta las definiciones de las alternativas de status, han quedado casi grabadas en piedra, sin que haya la posibilidad de negociación política ulterior que permita una decisión final, en acuerdo con el Congreso, el cual continúa ejerciendo su autoridad como si no hubiera ocurrido nada.

Pienso, por lo tanto, que cualquier proceso para la libre determinación de Puerto Rico tiene que cumplir con ciertas premisas. Tiene que facilitar la participación de los diversos sectores políticos del país. Tiene que asegurar la representación de dichos sectores. Tiene que tener el proceso algún grado de obligatoriedad. Debe facilitar el envolvimiento del Congreso de Estados Unidos en alguna etapa. Debe ser un proceso que permita la continuidad del proceso y el seguimiento a las decisiones que se tomen en el proceso. Y por último, ha de ser un proceso flexible, que permita a todas las partes hacer ajustes a lo largo del proceso.

 

Importante lo que se destaca aquí representación lo que significa que unos cuantos tomaran la decisión por el pueblo de Puerto Rico o sea donde quedaría la anexion de PR como estado ¿??????

Unos pocos tomarían la opción por nosotros y al ser un proyecto impulsado por el PIP q creen q ganaría la Republica de Puerto Rico


La asamblea constituyente o asamblea constitucional de status puede cumplir con todas estas premisas, y es por lo tanto, instrumento procesal idóneo para el ejercicio de la libre determinación del pueblo de Puerto Rico.

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ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA

Antes de proseguir, conviene aclarar ciertos conceptos. En la discusión pública del tema, se emplean términos diversos. A veces, girando contra la terminología que contempla la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se habla de la “convención constituyente”. En otras ocasiones se emplea el término “asamblea constituyente”. El PIP se ha referido en diversos programas a la “asamblea nacional de pueblo”. El programa del Partido Popular Democrático para las elecciones de 2000 menciona la “convención constitucional de status”.

Para empezar a aclarar conceptos, sugiero que el término que emplea la Constitución del E.L.A. – convención constituyente – se debe reservar para lo que contempla dicha constitución en su Artículo VII, Sección 2, es decir, como mecanismo procesal disponible para enmendar la constitución. Cuando hablamos de la libre determinación, no es enmendar la constitución lo que se persigue, sino revisar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, aunque eventualmente sea necesario enmendarla o incluso desplazarla con otra que se ajuste a un nuevo orden que resulte del proceso de libre determinación. Sugiero, por lo tanto, que empecemos a distinguir, empleando el término “asamblea” a diferencia de “convención”. En lugar de llamarle “constituyente”, conviene denominarla “constitutional”. Y para aclarar su objetivo, que es revisar la relación con Estados Unidos, apoyo que se adopte el lenguaje final del término empleado en el programa del PPD. El nuevo término que sugiero para estos fines, es, por tanto, “asamblea constitucional de status”.

 

DESPLAZAR LA RELACION DE ESTADOS UNIDOSO SEA RETIRAR A ESTADOS UNIDOS DEL PUERTO RICO PARA SIEMPRE PERO Y LA IDEOLOGIA ESTADISTA DONDE ESTA??????


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AUTORIDAD PARA CONVOCARLA

¿Tiene esta Asamblea Legislativa autoridad para convocar la asamblea constitucional de status? La Constitución del ELA le reconoce a este cuerpo, en el Artículo VII, Sección 2, la autoridad para convocar la “convención constituyente” mediante la aprobación de una resolución concurrente. Pero lamentablemente, además de que no se podría consultar al pueblo sino hasta el día de las elecciones generales, dicha disposición contempla que esa convención es instrumento de enmienda a la constitución. Más aún, por los términos de la Sección 3 del mismo artículo, no tendría esa convención autoridad para modificar la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque toda modificación tendría que ser cónsona con la Constitución Federal, la Ley 600 de 1950, la Ley 447 de 1952 y la Ley de Relaciones Federales. Es decir, la “convención” podría enmendar la Constitución, dentro de la misma relación existente en la actualidad.

La autoridad tiene que provenir de otra fuente. No debe haber duda alguna de que el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a su libre determinación. Así lo proclama el derecho internacional, que por vía del derecho de tratados, forma parte del derecho de los Estados Unidos. Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos Civiles y Políticos, y de Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, contemplan como el primerísimo de los derechos humanos, el derecho de los pueblos a su libre determinación. Y como Estados Unidos ha suscrito y ratificado el primero de dichos Pactos Internacionales, forma parte del “supreme law of the land” de los Estados Unidos, el derecho de Puerto Rico a su libre determinación, y en consecuencia, viene obligado el gobierno de Estados Unidos a respetar dicho derecho.

INDEPENDENCIA OBLIGATORIA EN ESTE PARRAFO DE ARRIBA

De otra parte, también el derecho constitucional puertorriqueño contempla que ‘[e]l pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus relaciones con los Estados Unidos.” Así lo contempla la Resolución número 23 de la Convención Constituyente, aprobada el 4 de febrero de 1952. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reconocido que ese es un derecho del pueblo. Véase P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978) y, más recientemente, Báez Galib v. C.E.E. y Mangual Vélez v. C.E.E., 2000 J.T.S. 173 (que resolvió el 2 de noviembre de 2000 que la ley de elecciones presidenciales en Puerto Rico era inconstitucional). Como el pueblo se reservó la facultad de proponer modificaciones a la relación, esta Asamblea Legislativa tiene la obligación, como órgano legislativo de dicho pueblo, a crear los mecanismos necesarios y apropiados para viabilizar dicho derecho del pueblo mediante legislación habilitadora.

Se ha planteado en la discusión del tema de la constituyente, o “asamblea constitucional de status”, si se requiere autorización congresional para que el pueblo pueda convocar su poder constituyente. El hecho que esa haya sido la ruta que se siguió en 1950 en la Ley 600, no significa que ahora sea necesario el “permiso” congresional. En aquella ocasión se partió de la premisa – correcta aunque indeseable – de que el Congreso ejercía autoridad plenaria sobre el territorio de Puerto Rico. El hecho que todavía la ejerza no puede significar que el pueblo, que tiene un derecho inalienable a su libre determinación, tenga que esperar a que el poder metropolítico le dé permiso para ejercer el derecho. Sería una anulación del derecho del pueblo. El pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a pesar de que el Congreso insista en ejercer poderes plenarios sobre el país. Y esta Asamblea Legislativa es la única que puede viabilizar el ejercicio de dicho derecho.

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PROCESO PARA CONVOCAR LA “ASAMBLEA CONSTITUCIONAL”

El proceso debe discurrir por etapas. En la etapa inicial, en virtud de que es el pueblo el que ostenta el derecho a proponer modificaciones a la relación con EE.UU., hay que consultarle al pueblo si interesa convocar la asamblea en ejercicio de su derecho. Por lo tanto la primera etapa debe consistir de la aprobación de una “ley de consulta” que ordene la celebración de un referéndum en el que el pueblo tenga la opción de votar “SÍ” o “NO” a la convocatoria, incluyendo, por supuesto las condiciones que deba contener la legislación posterior que se tenga que aprobar para en efecto convocar la asamblea y permitir la elección de sus integrantes.

Si la decisión del pueblo en el referéndum de consulta fuera en la afirmativa. Entonces habría que aprobar en esta Asamblea Legislativa una “ley de convocatoria” que precisara la fecha de la elección de delegados, la composición de la asamblea, su representatividad, la forma o formas de su elección, las normas para su funcionamiento, la definición de su encomienda, su término de duración, y qué pasaría con sus deliberaciones.

Todos estos aspectos, por supuesto, levantan grandes interrogantes. En estos momento resulta prematuro, indeseable e imposible precisar las respuestas a esas interrogantes. Las respuestas dependerán, necesariamente, del proceso mismo, y de las negociaciones políticas que se tienen que desarrollar para que funcione. Sí podemos apuntar algunos principios que deberá contener la ley de consulta, como parámetros que con su voto afirmativo el pueblo le fije a la Asamblea Legislativa cuando ésta apruebe la ley de convocatoria.

 

CLARO PQ SABEN QUE LAS REPUBLICAS DEL MUNDO SE HAN CREADO EN UN 50% ASI CON ‘’ASAMBLEAS CONSTITUYENTES’’


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COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA

El principio fundamental para definir la composición de la asamblea constitucional tiene que ser el de la representatividad del pueblo y sus diversos sectores. Por supuesto, para que facilite la participación de todos los sectores, tiene que haber proporcionalidad en su composición, de manera que con una mera pluralidad, o con una mínoría ínfima en el mejor de los casos, un sector político no controle absolutamente todos los escaños de la asamblea. La forma de asegurar dicha representatividad proporcional tiene que definirse más adelante, en los procesos de negociación política. Habrá que considerar en esa etapa la representación de los partidos políticos, que como instrumentos principales de organización política del pueblo, deben tener una participación significativa en la asamblea. Pero igualmete deben estar representadas otras formas de organización del pueblo, mediante algún mecanismo de elección de escaños que no representen a los particos políticos, sino otros sectores de “la sociedad civil” Por supuesto, tendrá que diseñarse la forma de asegurar la legitimidad de la representatividad de esos otros escaños, pero ese aspecto también tendrá que ser parte de la agenda de negociación política futura.

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FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

Una vez se elija y se reúna, la asamblea debe operar en dos etapas principales. La primera de ellas debe ser una etapa de deliberación, como resultado de la cual se esperaría que, según el criterio mayoritario de la asamblea, se articule una propuesta concreta de nuevas relaciones con los Estados Unidos. Esa propuesta podría consistir de modificaciones a la actual relación, o los términos de una transición a la independencia u otra fórmula de soberanía plena, o el proceso de buscar la integración a los Estados Unidos. Por supuesto, existe la posibilidad de que no haya una clara mayoría, en cuyo caso, la asamblea, en ejercicio de sus atribuciones como depositaria de la soberanía del pueblo, tendría que articular por consenso diversas alternativas deseables y aceptables para el pueblo.

LA PRIMERA VEZ QUE SE MENCIONA EN TODO EL TEXTO LA POSIBILIDAD Y ES LA TERCERA Y ULTIMA OPCION DE ANEXION A PUERTO RICO Y TE DICE INMEDIATAMENTE QUE NO ABRIA CONSENSO Y LA PRIMERA OPCION ES INDEPENDENCIA COINCIDENCIA

La segunda etapa, una vez producida la propuesta de modificación, sería la de negociación con las autoridades constitucionales de Estados Unidos. La asamblea tendría que designar una “comisión negociadora” representativa de la asamblea, es decir, con participación de los diversos sectores representados en la asamblea, para iniciar conversaciones y negociaciones.

Esas negociaciones podrían ser fructíferas. Si así fuera, es decir, si el gobierno de Estados Unidos estuviera de acuerdo con la propuesta, la misma tendría que regresar a Puerto Rico para ratificación por el pueblo antes de entrar en vigor.

Las negociaciones podrían ser parcialmente fructíferas, pero Washington podría proponer modificaciones a la propuesta. La comisión negociadora tendría que informar a la asamblea, para que ésta, ya sea directamente, o mediante consulta al pueblo, acepte o rechace las modificaciones. Esto iniciaría otra ronda de negociaciones, hasta que se llegara a un acuerdo definitivo, que por supuesto el pueblo tendría que ratificar.

DE LA UNICA MANERA EN QUE WASHINGTON PODRIA TRABAS EN EL CASO DE LA ESTADIDAD, SI ES INDEPENDENCIA NO HAY TRABAS SOLO EN EL CASO DE LA CUIDADANIA AMERICANA QUE SERIA NULA LUEGO DE ESE PROCESO

Las negociaciones iniciales podrían encontrar rechazo estadounidense a la propuesta de la asamblea, en cuyo caso, la comisión negociadora tendría que así informarlo a la asamblea, para que ésta volviera a la etapa de deliberación, ya sea para insistir en la propuesta, o introducirle modificaciones, o para optar por alguna propuesta totalmente diferente.

Evidentemente estamos hablando de un proceso continuo, que obliga a darle seguimiento a los desarrollos, según éstos ocurran, hasta que se logre algún acuerdo. Se trata de un organismo permanente, de duración indefinida, a diferencia de los experimentos plebiscitarios, que terminan con una votación, sin contar con mecanismos de seguimiento para viabilizar la decisión del pueblo, y por lo tanto han resultado en la paralización de discusiones y la perpetuación de una relación insatisfactoria para todo el mundo.

Si en algo hemos podido ponernos de acuerdo los puertorriqueños y puertorriqueñas es en que no nos satisface plenamente la situación actual. Nuestras aspiraciones se han visto frustadas por la inacción del Congreso de EE.UU. y su incumplimiento con las obligaciones legales y morales que tiene de respetar el derecho de Puerto Rico a su libre determinación. No podemos esperar más. Ya hemos retado la máxima de que “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que la resista”.


 

VOLVEMOS A LO MISMO EL CONGRESO NO HA TOMADO ACCION PQ LOS PLEICITOS PASADOS FUERON A FAVOR DE ELA QUE ES LO QUE TENEMOS ACTUALMENTE Y EL DE NINGUNA DE LAS ANTERIORES NO TUVO VALIDEZ POR QUE NO SE PODIAN DAR NINGUNA DE ESAS OPCIONES A NINGUN PAIS O TERRITORIO SEGÚN LA ONU

Hoy se dan mejores condiciones que nunca para que se dé un proceso de discusión y negociación política que nos permita llegar a un consenso procesal en torno a la asamblea constitucional de status. Hace quince años, fuera del PIP, que era el único partido político que había adoptado la idea en su programa, sólo un puñado de personas hablaban de este instrumento. Hoy hay personas en todos los partidos políticos que apoyan la idea.

 

CLARO QUE DOS PARTIDOS POLITICOS APOYAN LA MOCION PQ QUIEREN LA SOBERANIA PARA PUERTO RICO Q ES LO MISMO QUE LA INDEPENDENCIA


El año pasado el pueblo de Puerto Rico eligió al gobierno un partido político que tenía y tiene en su plataforma programática la propuesta de crear mediante legislación una Comisión de Unidad y Consenso para analizar las alternativas procesales para la libre determinación del pueblo de Puerto Rico. Tanto la rama ejecutiva como la mayoría parlamentaria tienen, por lo tanto, un mandato electoral para actuar al respecto.

 

PARLAMENTO= COMO SE LE LLAMA A LA CAMARA Y SENADO DE UN PAIS REPUBLICANO Y USTEDES CREEN QUE ESTE PROCESO SERA JUSTO PARA LOS INDEPENDENTISTAS


Ha llegado el momento de actuar. Felicito al Senado por haber iniciado este proceso de discusión sobre la convocatoria de una asamblea constitucional de status. Espero que esta Comisión, el Senado y la Asamblea Legislativa sepan aprovechar el momento histórico, aprueben la legislación para crear la Comisión de Unidad y Consenso dentro de la cual podamos impulsar la idea de la asamblea constitucional, para que regrese a esta Asamblea Legislativa la propuesta concreta de ley de consulta que eche a andar el mecasnimo.

En el proceso que queda por delante, quedo a la disposición de ustedes para colaborar en la medida de mis capacidades. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos lograr lo que todos ansiamos: que el pueblo pueda finalmente ejercer de verdad su derecho a la libre determinación.

Muchas gracias.

 

Aside

HASTA DONDE VAMOS A LLEGAR MIRA LA IMAGEN QUE AGP NOS HA FORMADO

¿Alquiler de boricuas para animar fiestas? – VÍDEO

El sketch, visto en Youtube en más de 50,000 ocasiones, presenta una visión estereotipada de los boricuas. (Suministrada)

miércoles, 23 de enero de 2013
Arys L. Rodríguez Andino / arodriguez@primerahora.com

Un vídeo que simula ser un comercial cuyo producto es el alquiler de puertorriqueños para animar fiestas aburridas fue criticado ayer por representar una visión estereotipada de los boricuas, pero, al menos para el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, no tiene “mayor importancia”.

Visto en Youtube en más de 50,000 ocasiones, el sketch comienza con varios jóvenes con caras de hastío en la sala de un apartamento hasta que hace su entrada el personaje que representa al puertorriqueño alquilado, un individuo que “enciende” la fiesta y comienza a fluir el baile, a correr el alcohol y hasta lo que aparentan ser encuentros eróticos en el baño.

 

“Si es una comedia hecha por puertorriqueños para puertorriqueños en un contexto cerrado, podemos entender, pero cuando se lleva a una red social donde quien lo recibe no entiende el contexto en que se da, piensan que lo único que hacemos es beber. Es peligroso, aunque se haga sin intención de ofender”, analizó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, Osvaldo Burgos.

Aunque el vídeo puede resultar en la risa fácil y parecer inofensivo, a Burgos le preocupa “cuando se empiezan a generar opiniones estereotipadas de algún grupo poblacional, porque así es que se generan patrones de xenofobia”.

“Nosotros tenemos unas características como pueblo y unas visiones de mundo que son muy particulares y debemos celebrar esas características, pero si las presentamos fuera de contexto pueden dar pie a que se discrimine”, señaló.

Como ejemplo, Burgos dijo que algún patrono que tenga como potencial trabajador a un puertorriqueño puede crearse una imagen desfavorable para el ámbito laboral.

“Puede pensar que esta persona le va a traer desorden y así se puede generar discrimen”, indicó.

Pero, ¿se puede decir que el vídeo es una manifestación de la libertad de expresión?

La línea entre la libertad de expresión y la xenofobia es muy finita y uno la está cruzando constantemente. Hay que tener cuidado con el efecto nocivo que pueda tener en un grupo en particular. Si no tienes un nivel elevado de conciencia de lo que es xenofobia, repites patrones sin saber.

“Es lo mismo que se hace con comunidades particulares, como la dominicana. Los patrones xenofóbicos nos explotan en la cara porque también somos víctimas en otros contextos. El llamado que haría es a rechazar cualquier burla de cualquier grupo poblacional, venga de quien venga”, recalcó.

El abogado repudió no solamente el estereotipo del puertorriqueño, sino el del norteamericano que se presenta en el vídeo.

“Es hasta estereotipado del americano blanco, de que es aburrido, que no sabe celebrar sus fiestas. Serán distintas, pero no aburridas”, distinguió.

Aun cuando entiende que en la parodia las características se exageran hasta llevarlas a la hipérbole, le parece inadmisible que las características de un grupo “se utilicen para mofarse de un grupo poblacional”.

De hecho, aun los estereotipos del vídeo tienen errores. Presentan a un personaje con frutas en la cabeza, como si fuera Carmen Miranda, quien nació en Portugal, y se baila calipso, propio de Trinidad y Tobago. “Es una visión estereotipada de que todos los caribeños se mueven al ritmo de los tambores”, expresó al referirse al “puertorriqueño” que llega a la fiesta con unas congas.

El secretario de Asuntos Públicos, Jorge Colberg Toro, reconoció también que el vídeo es discriminatorio y “lleno de estereotipos que no se acercan remotamente a las aportaciones que ha hecho el pueblo de Puerto Rico”.

“Presenta una imagen negativa, pero no creo que tenga ninguna repercusión”, dijo al afirmar que “la gente sabe distinguir”.

“Los esfuerzos del Gobierno de presentar lo que tiene Puerto Rico para presentarle al mundo, las oportunidades de desarrollo económico, sin duda, van a tener mayor peso que cualquier vídeo o expresiones de personas que por sus propias creencias tengan prejuicios y criterios diferentes”, confió.

Aunque entiende que “levanta un issue” y es un vídeo de burla “repudiable”, Colberg Toro no le atribuye seriedad.

“El contenido de ese vídeo es más descriptivo de los prejuicios de quienes lo hicieron que de la realidad de los puertorriqueños”, reiteró.

Al sociólogo César Rey le pareció “un cuadro clichoso” la descripción de lo que contiene “la parodia”.

“Puede dar la imagen que tiene el mundo norteamericano de todo lo que es latino”, expresó.

Acerca de los comentarios de aprobación en Youtube de puertorriqueños que vieron el sketch, Rey señaló que hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos pero, en el caso del vídeo, “quien genera la visión del otro es quien alimenta el prejuicio”. “Esa otredad crea un imaginario de lo que a mí me gustaría que fuera el otro”, analizó.

A la psicóloga Mercedes Rodríguez el vídeo no le dio risa alguna. “A mí no me da gracia. Como parodia, es floja y, sobre todo, porque está montada en un estereotipo detrás de otro. No le veo ningún valor, como no sea apoyar las ideas estereotipadas de las cuales estamos cansados y cansadas”, expresó.

Según la psicóloga, en esa “burla a lo diferente” está la mentalidad prejuiciada que coloca las diferencias en una jerarquía.

“Esa es la dinámica del prejuicio. Lo que hay detrás de la burla es que alguien se cree superior a otro”, advirtió.

“No somos mejores ni peores. Y las diferencias culturales no se deben convertir en un estereotipo ofensivo”, concluyó.

Plantean medidas para frenar el éxodo de boricuas

Noticias

27 de enero de 2013

Preocupa que se vayan tantos jóvenes profesionales. Gráficas

La creciente emigración de puertorriqueños tiene un impacto multimillonario en la economía local. (Archivo)

Por Brunymarie Velázquez / brunymarie.velazquez@elnuevodia.com

El gobierno podría tomar medidas para frenar la preocupante emigración de jóvenes profesionales de Puerto Rico que parten a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Haz clic aquí: La migración en gráficas

En la última década migraron 576,00 boricuas, lo que representó una pérdida potencial de $3,000 millones anuales para la economía de Puerto Rico.

El economista Julio César Hernández y el demógrafo Raúl Figueroa, expertos en el proceso migratorio boricua, creen que puede alterarse ese patrón.

“Es importante destacar que el problema principal de la emigración en Puerto Rico no es la cantidad de personas que están abandonando el país, sino las características de estas personas, principalmente que son jóvenes”, expresó Figueroa.

El economista Hernández, por su parte, cree que una solución sería implantar estándares más altos a través de los consejos de educación para que las universidades aumenten el porcentaje de doctores a tiempo completo requeridos para mantener la acreditación.

Añadió que el Gobierno debería fomentar que talento local estudie en programas prestigiosos en el exterior y al culminar estudios regresen a la Isla a trabajar por un número de años.

El gobernador Alejandro García Padilla expresó a través de los reportajes que este diario publicó la semana pasada que el 40% de los jóvenes con títulos universitarios han emigrado.

“Puerto Rico fue el país del mundo que mayor reducción poblacional experimentó en el período de 2000 a 2010. Solo dos jurisdicciones en los Estados Unidos en la última década han experimentado reducciones en la población: Puerto Rico y Michigan”, sostuvo Hernández.

Para el economista una de las grandes deficiencias estratégicas de la Isla es el número limitado de personas con estudios graduados, principalmente en las áreas de los STEM fields (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

“La emigración de este tipo de capital humano, altamente especializado, compromete la competitividad de Puerto Rico. Si nos comparamos con los estados, para el 2011, nosotros teníamos el porcentaje más bajo de población con estudios graduados con un 6%. Por ejemplo, en el Distrito de Columbia el porcentaje de población con estudios graduados fue 29%”, dijo Hernández.

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Recomiendan se establezca solicitud de estadidad para la Isla

17 de abril de 2013 – Política, Puerto Rico

Ante el Congreso y la Casa Blanca

EL VOCERO / Archivo

La Comisión de Estatus del Partido Nuevo Progresista (PNP) llegó a una decisión unánime en horas de la noche de ayer de recomendarle al comisionado residente en Washington y presidente del partido, Pedro Pierluisi, que establezca la solicitud de Puerto Rico como el estado 51 ante el Congreso y la Casa Blanca.

El líder de la Juventud Demócrata de Estados Unidos, Phillip Arroyo, indicó en entrevista con WAPA Radio la conclusión de la Comisión.

“La ruta a tomar del PNP es someter a través de nuestro Comisionado Residente un proyecto de admisión para que se respete la voluntad del pueblo de Puerto Rico que se expresó contundentemente el pasado 6 de noviembre a favor de la igualdad para Puerto Rico” declaró.

“El propósito de la Comisión de estatus era analizar todas las diferentes alternativas que existían, luego de un estudio profundo y una deliberación entre todos los miembros de la Comisión, entendimos que la recomendación que se va a someter al directorio del partido es que se respete la voluntad del pueblo de Puerto Rico” puntualizó.

Para concluir, Arroyo expresó que “ya se acabo los paños tibios, llegó el momento de decirle a Casa Blanca y al Congreso que no queremos otro plebiscito. El pueblo habló claramente el 6 de noviembre y ahora vamos agresivamente a pedir lo que nos toca, que es la igualdad”.