inviable la paridad sin estadidad

Actualizado: 05/01/2013 4:00 am
Por: Jaime Benson, Catedrático de Economía UPR
En una muestra de gran ingenuidad e ignorancia política, el congresista que representa a Orlando, Florida, Alan Grayson, se atrevió a afirmar cándidamente que “lograr la paridad no necesita de la estadidad”. Demostrando uno de los tantos retos que confrontamos los estadistas en nuestro objetivo de lograr la igualdad ciudadana: educar a una gran cantidad de congresistas que desconocen las realidades concretas de nuestra condición territorial y las implicaciones para Puerto Rico y el resto de Estados Unidos de nuestra incorporación como estado 51 de la Unión.

Pese a que la afirmación del congresista es técnicamente cierta –es decir el Congreso si le sale en gana tiene la potestad de otorgarnos la paridad en los programas federales sin admitirnos como estado de la Unión– en términos prácticos y políticos es inviable. Es decir, es más factible que el Congreso nos admita como estado que nos otorgue paridad en fondos federales sin la estadidad. Y la razón es sencilla: le sale mucho más costoso al fisco federal lo segundo que lo primero, a la vez que el Congreso cometería un acto de imprudencia y barbarismo político al otorgarnos paridad en el plano económico y mantener la disparidad en el plano político. Sería un acto de mal gusto y difícil de justificar ante nuestros conciudadanos de los 50 estados y el resto del mundo, el argumentar que tenemos derecho a la igualdad en la asignación de los recursos federales pero no en lo concerniente a los derechos y responsabilidades políticas y ciudadanas.

Actualmente bajo el ELA territorial el costo neto anual al Tesoro federal de Puerto Rico, es de unos $9 billones, luego de descontar lo que aportamos en impuestos federales, Seguro por Desempleo, Seguro Social y Medicare. De concedernos la paridad en fondos bajo la actual condición territorial, este aumentaría en $17 billones anuales, lo que sumado a los $9 billones actuales totalizarían $26 billones anuales. A la vez, se perpetúa nuestra falta de poderes políticos y la carencia de plenos derechos ciudadanos. Es una propuesta perdidosa para el Tesoro federal y para todos los puertorriqueños.

En contraste, en una transición de 10 años hacia la estadidad –en que anualmente recibamos en forma incremental un 10% de los fondos y paguemos un 10% de los impuestos federales que nos corresponderían como estado– ya en el primer año nuestro costo neto al fisco federal se reduciría a $8.4 billones, $600 millones menos de lo que es el costo actual. Gracias a la bonanza económica que desataría la estatidad el costo se reduciría en un promedio de $1 billon anual hasta que en el décimo año le rendiríamos al Tesoro federal un beneficio neto de $600 millones anuales. La matemática y la política hacen de la propuesta del congresista Grayson una inviable.

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